La Fiscalía de Menores abre diligencias sobre el transporte del CEE Reina Sofía

Desde el AMPA del colegio señalan que la Fiscalía actuará de oficio según las respuestas del Ministerio

Este martes una comisión de padres de alumnos del Centro de Educación Especial Reina Sofía mantuvo una comparecencia en la Fiscalía de Menores para trasladar la cuestión del transporte escolar para alumnos del centro.

Según el responsable del AMPA, Joan Casares, la Fiscalía abrirá diligencias previas junto al Ministerio de Educación y Formación Profesional a fin de investigar y ahondar en la cuestión del trasporte escolar adaptado para los niños de movilidad reducida.

En esa reunión 8 padres pusieron al día a la fiscal sobre el transporte y la falta de personal que sufre el centro desde hace años.

Tras escuchar los testimonios de algunos padres, les pareció un caso muy grave por lo que han decidido abrir diligencias para consultar varios de los temas con el Ministerio de Educación “para ver qué le contesta” y según las respuestas por parte de la institución actuarían de oficio.

El transporte escolar ya se encuentra en funcionamiento desde hace unos días, pero tan solo son 12 familias de 33 afectadas las que lo están usando. Sostienen que el vehículo no cumple los requisitos mínimos aunque se ha adaptado y legalmente se explica que sí es un vehículo apto.

Además, no son las plazas suficientes, porque son 33 los niños que lo necesitarían en la ciudad, entre los que también se cuentan an niños del Colegio Juan Caro y León Solá.

Casares también dijo que el personal que se encuentra a bordo del vehículo adaptado como acompañante, aunque no tienen nada contra el trabajador, carece del conocimiento sanitario suficiente para poder reaccionar a situaciones de emergencia que requieren intervención inmediata como problemas respiratorios o crisis de cualquier tipo que pueden sufrir esos niños por sus condiciones especiales.

Creen que se está utilizando mal su beca de transporte, ya que se ha concedido a cada una de las familias y que debe gestionarse. Por eso señalan que la gestión que se está haciendo es muy mala porque no están utilizando ese servicio.

Creen que “están regalando el dinero” y sostienen que se vulneran sus derechos.

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